sábado, 28 de enero de 2012

Convivencia y democracia en el centro escolar


Ámbito temático: Convivencia y democracia en el centro escolar

Indicador de logro:

Evalúa el ambiente de participación democrática al interior de la institución educativa.

Reconoce los mecanismos de participación en el escenario educativo.


La participación

Antes de la Constitución de 1991, la participación  de  los estudiantes y de la comunidad, en las decisiones de los centros educativos, era muy limitada.

La Constitución abrió las puertas para replantear las relaciones de poder y hacer  el tránsito hacia formas de disenso, consenso y concertación, como una manera de buscar el acuerdo y evitar la imposición arbitraria.


La democratización de las instituciones educativas

La democratización del colegio es un mandato constitucional, a que se refieren los siguientes artículos:

Artículo 41:
Todas las instituciones “fomentarán prácticas democráticas  para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana”.
Artículo 67:
Dice que “la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia”.
Artículo 68:
Señala que la “comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación”.


El Manual de Convivencia

El objetivo fundamental del manual de convivencia es dar a conocer a los estudiantes sus derechos y sus deberes.

El manual de convivencia es un documento que contiene las reglas de juego necesarias para garantizar una buena convivencia en el colegio. Gracias al manual, estudiantes, profesores, directivos, padres de familia y personal administrativo pueden saber con exactitud lo que tienen que hacer, o evitar, en sus relaciones diarias.


El Gobierno Escolar

El gobierno escolar es el órgano encargado de velar por los derechos y deberes de una comunidad estudiantil,  se compone  así:

El consejo directivo: encargado de los asuntos administrativos y otros de vital importancia en la vida del colegio.

El consejo académico: está directamente encargado de velar por la calidad académica de la institución.

El consejo estudiantil: se encarga de sugerir ideas para el beneficio precisamente de los estudiantes y denunciar abusos u omisiones a las normas de la institución.



Derechos de los estudiantes

Derecho a recibir una educación que responda a las necesidades de la comunidad,  la sociedad y a sus propios intereses.

Derecho a participar en todas las actividades de la institución, en su planeación, ajustes y evaluación.

Derecho a ser atendido en sus reclamos. La institución educativa debe prestar la debida atención a los reclamos de los alumnos.

Derecho a los servicios de la institución como son: el restaurante escolar, biblioteca, deporte y cultura.



El personero

El personero de los estudiantes es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y los derechos de los estudiantes consagrados en el manual de convivencia.

Funciones del Personero Estudiantil.

¡  Conocer y difundir el manual de convivencia
¡  Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá organizar foros u otras formas de comunicación.
¡  Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los alumnos sobre incumplimiento a sus derechos.
¡  Presentar al rector. El coordinador o profesores, las solicitudes o peticiones necesarias para proteger los derechos de los estudiantes.

 
El contralor estudiantil

El rol del Contralor Estudiantil en las Instituciones Educativas se adopta como un mecanismo de promoción y fortalecimiento del control social y un espacio de participación de los jóvenes que busca la transparencia y potencia los escenarios de participación ciudadana para la vigilancia de  los recursos y bienes públicos en la gestión educativa.

La niñez y la juventud frente a las leyes políticas de Colombia

Ámbito temático: La niñez y la juventud frente a las leyes políticas de Colombia

Indicadores de logros:

Reflexiona en torno a las principales problemáticas socioculturales que afectan a la niñez y a la juventud colombiana.

La construcción de una sociedad justa

Intentaremos pensar la idea de la construcción de una sociedad justa, que esté disponible para hombres y mujeres de todas las edades, clases, religiones, culturas y tradiciones; una sociedad en donde puedan coexistir de forma pacífica y constructiva los indígenas y afroamericanos, los campesinos y los habitantes de las ciudades, e incluso las minorías y excluidos sociales, los homosexuales, las prostitutas y desplazados de la violencia. 

Los pilares básicos en la construcción de una sociedad justa son la equidad y la participación en condiciones de igualdad:

La  igualdad de oportunidades: que concede a todos los ciudadanos el mismo derecho a gozar de beneficios sociales básicos, como la salud, la educación o la seguridad social.
El reconocimiento de la diferencia: que garantiza que a nadie se le pueda excluir, perseguir o discriminar por razones de su sexo, raza, condición física, extracción social, preferencias sexuales.


Problemáticas de la niñez colombiana 

Emigración forzada: según los estudios del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional (año 2004), aproximadamente 5 millones de colombianos han tenido que emigrar hacia otras regiones de Colombia y entre ellos, el 26.6 % son niños.

Derecho a la vida: en cuanto a la esperanza de vida, fenómenos como el conflicto armado, enfermedades, violencia y otros hacen que en promedio 50 mil niños pierdan la vida cada año en el país. Las principales víctimas de la violencia son varones menores de edad, más fácilmente involucrados en actos de violencia urbana o reclutados por grupos armados. 

Un fenómeno que es en general novedoso en Latinoamérica es el aumento en la tasa de suicidios. Los investigadores reportan que según los informes de la Policía Nacional de Colombia, en 2003 se quitaron la vida 824 personas, de los cuales 65 eran menores de edad. 

Abuso infantil: más difícil es determinar estadísticas acerca del abuso infantil, porque se sabe que la mayoría de las víctimas de violencia sexual no son reportados. 

Niños de la calle: el problema del menor de la calle es también serio. Los niños de la calle en Colombia (o “gamines” como se les conoce popularmente), están siempre en el rango 5 a 14 años de edad. 

Prostitución infantil: la prostitución infantil, que azota a los países en desarrollo, está presente en Colombia, pero también la estadística es irregular.


Ley de la infancia y la adolescencia

Algunas organizaciones sociales han contribuido a mejorar las garantías legislativas de los derechos del niño. El principal logro fue la aprobación por parte del Senado de la República de la “Ley de Infancia y Adolescencia” (30 de agosto de 2006). La Ley garantiza lo siguiente en materia de derechos del niño y del adolescente en Colombia:
  • Los niños tienen garantizado el derecho a la salud, la educación y la protección contra cualquier tipo de violencia.
  • Niños infractores mayores de 14 años pueden ser procesados, pero deberán ser reclutados en centros especiales y no puestos en sitios para adultos.
  • Un control rígido a los centros de adopción de niños colombianos para el extranjero.
  • Los asuntos sobre menores de edad deberán ser prioritarios para los municipios y gobernaciones colombianos y en cada municipio deberá existir el “Defensor de Familia”.
  • Ningún menor infractor deberá ser interrogado por un juez sin la presencia del Defensor de Familia.
  • Se acaba el beneficio de casa por cárcel o rebaja de penas para adultos acusados de abuso de menores. Los acusados de dichos delitos deberán ser expuestos al escarnio público.
  • La edad mínima para trabajar es de 12 años, pero debe tener un permiso de los padres de familia.
  • La educación en Colombia es gratuita hasta el grado noveno.


Problemáticas sociales de la juventud colombiana

Los datos del último censo, plasmados en el estudio “La juventud colombiana en cifras”, señalan que entre los hombres jóvenes colombianos se presentan los más elevados índices de muertes violentas y las menores expectativas de vida, en comparación con los jóvenes de los demás países de América. De otra parte, un amplio número de ellos, están marginados simultáneamente de la escuela, la tradición escrita, la ciencia y la tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, la recreación y las posibilidades de expresión de sus potencialidades.

En efecto, esta situación termina convirtiéndose en “caldo de cultivo” para su ingreso a los diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados (guerrilla, paramilitares, delincuencia común), redes del narcotráfico y contrabando, prostitución, etc.

Los problemas más relevantes de los jóvenes colombianos al comenzar el siglo XXI son:


Violencia

Entre 1990 y 1994, murieron en forma violenta aproximadamente ochenta mil jóvenes...”  La composición de la población carcelaria por edades presenta una proporción del 56.9% del total de presos que se encuentra entre los 18 y 30 años. No sobra decir que en la situación de guerra que vive Colombia, los combatientes son en su gran mayoría jóvenes.

Otro elemento a tener en cuenta: el Defensor del Pueblo en su informe anual al Congreso dice:  “Se presume que de los 24.000 guerrilleros del país, entre el 60 y 70%, esto es, de 14.000 a 16.800 guerrilleros son jóvenes entre 13 y 25 años”. Por parte de los grupos paramilitares se tiene, por información de la Defensoría del Pueblo, que la mitad de los integrantes de estos grupos están compuestos por jóvenes.

El 38% de la población de jóvenes colombianos se encuentra en situación de pobreza o de miseria. El fenómeno del desempleo en el país ha venido aumentando especialmente entre la población joven. Esto muestra las dificultades crecientes para que los jóvenes se incorporen al trabajo, lo que lleva a que el grupo de desempleados esté cada vez más constituido por jóvenes.
En los sectores populares, la situación es crítica y la tendencia recesiva no muestra síntomas de recuperación.

La educación no es un privilegio de todos. Pero se debe hacer consciencia que dicho privilegio ha entrado en crisis como lo demuestran las tasas de deserción que en los dos últimos grados de
educación básica llegan a 10% y 8.5% respectivamente, señalando como causas principales la necesidad de trabajar (36%) y los costos elevados del servicio educativo (22%).  No puede desconocerse la dramática situación que vive la educación pública y su tendencia acelerada a la privatización, siendo la juventud la población más afectada por esta situación: la educación formal cobija sólo al 50% de los y las jóvenes entre los 14 y los 26 años.


Exclusión

La sociedad colombiana ha venido manifestando una progresiva exclusión de la juventud de los procesos sociales y políticos, y una marcada dificultad para el diálogo y la comprensión intergeneracional. Frecuentemente se percibe al joven como sujeto de alta peligrosidad por su protagonismo en fenómenos de violencia y criminalidad. Esta situación es más relevante para aquellos que viven en situación de pobreza y que habitan en las zonas marginales de los centros urbanos y se correlaciona directamente con procesos sistemáticos de aniquilación de jóvenes bien sea por operaciones como las denominadas de "limpieza social", por asesinato selectivo o como víctimas de los homicidios de la delincuencia común.


                                                          Derechos Humanos y Jóvenes

En 1991 se produce una importante reforma al texto constitucional de Colombia.  Aunque la Nueva Constitución reconoce la posibilidad de “participación activa de los jóvenes” (art. 45) en la vida pública, en la práctica disponen de escasos espacios y oportunidades para participar en la vida política y social de sus comunidades. Prácticamente no disponen de posibilidades de real injerencia y comunicación con las autoridades, siendo frecuentemente espectadores pasivos de decisiones que los afectan directamente en su presente y su futuro, debiendo optar por soluciones individuales no legitimadas socialmente.

La falta de participación ciudadana de los jóvenes, en general, y de los jóvenes en situación de pobreza, en particular, se expresa también en la debilidad de sus organizaciones. La acción colectiva es escasa y tiende a tener un deficiente apoyo, cuando no una oposición, de parte de la comunidad y del Estado. Contribuye a esta situación la imagen estigmatizada negativamente de los jóvenes populares que prevalece en la opinión pública, difundida por los medios de comunicación masiva, reforzando así su segmentación espacial y social.

La falta de reconocimiento en el espacio público es tan intensa en los jóvenes populares, que padecen el silenciamiento y el desconocimiento sistemático de sus contribuciones culturales, afectando ámbitos como la relación entre géneros, el respeto al medio ambiente o la tolerancia hacia la diversidad, donde las nuevas generaciones muestran nítidos signos de transformación respecto de prejuicios y limitaciones de la sociedad adulta establecida.

Los Derechos Humanos como obligación del Estado


Ámbito temático: Los Derechos Humanos como obligación del estado

Indicador de logros:
                        
Conoce los aportes de la Constitución Política de 1991 en la protección de los Derechos Humanos en Colombia.


Los Derechos Humanos como obligación del Estado

En Colombia, antes de la Constitución de 1991, las normas de Derechos Humanos prácticamente no tenían ninguna aplicación judicial en el país.

Hacia la década de los años ochenta, Colombia se ubicaba como uno de los principales violadores de los Derechos Humanos en el mundo, debido a la situación de violencia generada por el conflicto armado.

Ante tal circunstancia, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 incorporaron en la nueva Carta una detallada lista de derechos y de instituciones para garantizar su respeto, protección y realización como fin primordial del Estado. Con esto, los Derechos Humanos se convirtieron en el eje principal que inspira nuestra actual Constitución.

La Constitución de 1991 es un nuevo pacto de paz para Colombia, en la medida en que su aplicación y respeto nos deben conducir a erradicar las causas de la violencia y a construir los acuerdos sobre la nueva nación que todos debemos ayudar a construir.

La Constitución creó mecanismos para controlar las posibles arbitrariedades en que puede incurrir el Estado o sus funcionarios, favorecer la participación de nuevas fuerzas políticas, estimular el pluralismo y lograr mayor justicia social.

La Constitución definió a Colombia como un “Estado Social de Derecho”, es decir, que se encuentra regido por leyes de obligatorio cumplimiento para todas las personas e instituciones y se garantiza el cumplimiento de los derechos.

El Estado colombiano tiene que responder íntegramente, sin excepción ni limitaciones, a las obligaciones que se derivan de la Constitución y de los tratados internacionales de Derechos Humanos; de lo contrario, el país queda expuesto a duras sanciones económicas, impuestas por los organismos internacionales.

El Estado colombiano está en la obligación de respetar lo que dice la Constitución y de hacer efectivos los derechos fundamentales, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos colectivos y del medio ambiente, pero también tienen la misma obligación respecto a los derechos que no quedaron consignados en la Constitución y que son reconocidos por la comunidad internacional.